Consumidores

En noviembre de 2025, la Comisión anunció la Agenda del Consumidor 2030. La Agenda establece una orientación estratégica en materia de política de consumidores hasta 2030. Se centra en completar el mercado único para los consumidores, reforzar el cumplimiento de la legislación y la protección para el consumo en línea, promover el consumo sostenible, apoyar a los consumidores vulnerables, mejorar la gobernanza y la cooperación y reducir las cargas administrativas.

La UE también apoya a las organizaciones nacionales de consumidores y a la BEUC, la organización de consumidores a escala europea, y financia proyectos sobre educación, asesoramiento en materia de deudas y protección de los consumidores vulnerables.

^{Fuente: Cuadro de indicadores de las condiciones de los consumidores de 2025}

Principales logros

• El mercado único de la UE ofrece a los consumidores el acceso a una mayor oferta, flexibilidad y calidad, así como una mejor relación calidad-precio. La política de consumidores de la UE garantiza el respeto de los derechos de las personas en caso de problemas en la compra de bienes o servicios de otros Estados miembros, lo que genera confianza y fomenta el comercio, incluido el comercio en línea.
• Los consumidores de la UE gozan de unas normas de protección de las más estrictas del mundo. Estas incluyen transparencia en las facturas de la electricidad, precios claros en las tiendas, tarifas de itinerancia justas y derechos sólidos en las compras en línea, todo ello respaldado por la legislación de la UE en materia de protección de los consumidores.
• El Reglamento sobre la seguridad general de los productos garantiza que se pongan a la venta —en línea o en una tienda tradicional— solo productos seguros, ya sean fabricados dentro o fuera de la UE, lo que crea unas condiciones de competencia equitativas para las empresas.
• El sitio web «Safety Gate» ofrece diariamente información actualizada sobre los productos peligrosos que las autoridades nacionales han detectado en el mercado.
• La UE ofrece a los consumidores una recopilación de derechos que pueden resultar prácticos en caso de dificultades. Los compradores en línea disponen de catorce días para reconsiderar su compra y anularla. Pueden devolver un producto en un plazo de dos semanas y recuperar su dinero.
• Si un artículo comprado en la UE —en línea o en una tienda— no resulta ser como se anuncia o no funciona correctamente, el consumidor tiene derecho, como mínimo, a su sustitución o reparación sin coste alguno.
• Las normas de la UE relativas a los créditos hipotecarios garantizan una información publicitaria clara y una información oportuna a los consumidores antes de firmar un contrato.
• Existen requisitos mínimos sobre los derechos de los pasajeros en cualquier medio de transporte, entre otros, en relación con la información, la asistencia y la indemnización en caso de cancelación o retraso prolongado.
• La UE también proporciona información sobre las herramientas disponibles para ayudar a los consumidores y a los comerciantes a resolver sus litigios, a través del sitio web de recursos de los consumidores. Esto permite a los consumidores y a los comerciantes resolver litigios sobre compras en línea.
• La Red de Centros Europeos del Consumidor (CEC) ofrece ayuda gratuita y asesoramiento a los consumidores sobre las compras transfronterizas. En 2024, se reembolsaron más de 9 millones de euros a los consumidores gracias a la Red CEC.
• Cada año se resuelven más de 300 000 litigios en materia de consumo a través de las entidades de resolución extrajudicial de litigios de la UE. Con la revisión de la Directiva sobre la resolución alternativa de litigios se resolverían más litigios en materia de consumo por esta vía.
• Una normativa estricta garantiza la retirada del mercado de los productos que no se consideren seguros, habida cuenta de que cada año se notifican cientos de productos a través del sistema de alerta rápida para productos peligrosos no alimentarios.
• Gracias a la Directiva Europea de Accesibilidad existen requisitos de accesibilidad a escala de la UE para determinados productos y servicios, que promueven la inclusión digital de las personas con discapacidad.